Valencia blinda sus viviendas públicas frente a la okupación
por el equipo de Adaix | 30 de junio de 2025
Valencia blinda sus viviendas públicas ante 1.800 pisos okupados. Conoce medidas, inversión y cómo actuar si eres propietario o inquilino
Contexto y alcance del problema
La Generalitat Valenciana ha detectado que cerca del 13 % de su parque público de viviendas, gestionado por la EVha (Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda), está ocupado por personas sin derecho —más de 1.800 pisos de aproximadamente 15.000 disponibles—, lo que ha encendido las alarmas del Consell.
Este aumento de ocupación se relaciona directamente con la crisis de acceso a la vivienda: precios elevados y falta de oferta asequible están impulsando a personas vulnerables a ocupar inmuebles públicos, generando conflictos entre residentes y perjudicando su función social.
Medidas de protección del patrimonio público
Puertas antivandálicas
Con una inversión de unos 100.000 €, se han colocado más de 223 puertas reforzadas en puntos vulnerables para dificultar el acceso no autorizado a las viviendas.
Alarmas autónomas
Se han instalado 250 sistemas de alarma conectados a central policial, activos incluso sin suministro eléctrico para evitar su sabotaje. La inversión asciende a 125.000 €.
Seguridad privada 24 horas
En edificios sensibles como el de Castellón o el grupo Joan Miró en La Torre, se ha contratado vigilancia profesional continua. Solo en dos zonas específicas se destinan más de 400.000 € anuales al servicio.
Gasto público frente a okupación: cifras y retorno social
El presupuesto anual mínimo destinado a seguridad y control supera los 850.000 €. Si bien esto no resuelve de raíz el acceso a una vivienda digna, sí protege el uso previsto de estas propiedades: atender a hogares con necesidad y prevenir situaciones de vulnerabilidad.
El Consell defiende que estas acciones permiten evitar conflictos comunitarios, gastos mayores de recuperación y refuerzo de la confianza de los inquilinos legales.
Atención a personas en riesgo y colaboración social
No todos los casos de okupación se realizan de forma violenta o para especulación. Algunas personas carecen de alternativas habitacionales. Por ello, la Generalitat trabaja junto a servicios sociales para identificar situaciones vulnerables antes de ejecutar desalojos.
También se activará la nueva Oficina Antiokupación, con apoyo jurídico y atención a víctimas, que operará desde los centros JustiProp y las Oficinas de Asistencia a Víctimas en la Comunidad Valenciana.
Impacto en el mercado de vivienda pública y privada
La okupación de viviendas públicas es un síntoma de un problema mayor: la falta de recursos habitacionales accesibles. Esto tensiona aún más el mercado privado, aumentando la competencia y tensando precios tanto de compra como de alquiler.
El debate se extiende: ¿hasta qué punto debe reforzarse la seguridad y cuándo es necesario impulsar políticas de inversión pública para incrementar la oferta de viviendas asequibles?
Organismos como la Fotocasa Research o el Banco de España han advertido sobre las consecuencias socio-económicas de una escasez de vivienda protegida.
¿Qué pueden hacer los propietarios e inquilinos?
Propietarios de vivienda pública
- Exigir que las administraciones inviertan en seguridad preventiva.
- Colaborar con servicios sociales para el acompañamiento de familias vulnerables.
- Promover la transparencia en la asignación de viviendas.
Inquilinos legales
- Participar activamente en las comunidades, denunciando accesos no autorizados.
- Exigir mayor vigilancia y defensa de sus derechos.
Agentes inmobiliarios y asesores
En Adaix te ofrecemos:
- Asesoramiento en el acceso a viviendas públicas disponibles.
- Conexión con entidades sociales en casos de vulnerabilidad.
- Apoyo legal a comunidades y propietarios para mejorar la convivencia.
Visita nuestro portal en Adaix.es para más información y servicios personalizados.
Conclusión
La okupación de viviendas públicas representa un desafío urgente para la Generalitat Valenciana, que ha respondido reforzando la seguridad y activando recursos sociales. Sin embargo, estas acciones deben acompañarse de inversión y estrategia a largo plazo: más vivienda asequible, protección de quienes alquilan y prevención real del problema.
Un enfoque equilibrado —seguridad, acompañamiento social y política habitacional— es esencial para proteger el patrimonio público y satisfacer las necesidades reales de la población.
En Adaix estamos comprometidos a ser parte de esa solución desde el asesoramiento profesional, justo y humano.
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