Ley de Vivienda y el control de alquileres en España
El impacto de las elecciones en la Ley de Vivienda y el control de alquileres en España
Las perspectivas para las zonas de mercado residencial tensionado y el control de los alquileres parecen haber sufrido un cambio drástico tras las recientes elecciones autonómicas y municipales del 28M. La medida más controvertida de la nueva Ley de Vivienda, que buscaba establecer zonas de mercado tensionado y regular los precios del alquiler, se ve ahora amenazada por los resultados electorales. El Partido Popular (PP) había dejado claro previamente que no aplicaría esta medida en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde estuviera en el poder. Tras las elecciones, es probable que hasta 11 comunidades autónomas se tiñan de azul, con el respaldo de Vox. Incluso el anuncio de adelanto electoral de las elecciones generales al 23 de julio podría llevar a la derogación completa de la Ley de Vivienda en caso de que el PP ganara.
La nueva Ley de Vivienda entró en vigor apenas dos días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Durante la campaña electoral, los partidos de derecha e izquierda utilizaron el desbloqueo de este proyecto de ley, que había estado estancado en el Congreso de los Diputados durante más de un año, para anunciar si aplicarían o no las medidas más polémicas, en particular, la creación de zonas de mercado tensionado y el control de los precios del alquiler.
El PP, como principal partido de la oposición al Gobierno central, ya había anunciado que no aplicaría la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en las regiones donde gobernara. Antes del 28M, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León, confirmaron su negativa a establecer topes en los alquileres. Tras las elecciones, se unirán a esta lista la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón, aunque esto dependerá de los acuerdos con Vox. En La Rioja, el PP obtuvo una mayoría absoluta, al igual que en Madrid, mientras que en Canarias, la contribución de los populares será clave para permitir que Coalición Canaria gobierne en detrimento del PSOE y sus aliados, que no han obtenido la mayoría necesaria para mantenerse en el Gobierno. Aunque todavía queda otro partido por decidir si se abstendrá en la votación de investidura, que podría ser Vox o la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El partido nacionalista canario no apoyó la Ley de Vivienda en el Congreso, alegando invasión de competencias autonómicas, al igual que el PNV, que gobierna en el País Vasco, región donde no se han celebrado elecciones autonómicas en esta ocasión, al igual que en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Los socialistas apenas mantienen el control de Castilla-La Mancha y Asturias.
En cuanto a la comunidad catalana, donde gobierna ERC con el apoyo del PSC-PSOE, junto con Asturias y Castilla-La Mancha, serían las únicas autonomías dispuestas a aplicar la declaración de zonas de mercado tensionadas.
Sin embargo, incluso en un bastión como Barcelona, el futuro de estas medidas dependerá del resultado de las elecciones municipales y la formación de un nuevo gobierno que apoye o no los topes en los alquileres. Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, ha perdido poder y ahora ocupa el tercer lugar en número de concejales, detrás de JuntsxCat y el PSC/PSOE. ERC, por su parte, ha perdido la mitad de sus concejales. Será el ganador, Xavier Trías, quien tendrá que buscar suficientes apoyos para formar gobierno, aunque la tarea se presenta complicada a menos que logre un gobierno en minoría mediante acuerdos puntuales con ERC. Mientras tanto, se espera que el PSC ponga en marcha todas sus maquinarias para que Jaume Collboni sea el alcalde, formando un tripartito PSC-ECP-ERC. Sin embargo, Maragall ya ha declarado que su partido no está dispuesto a ello.
El cambio electoral que ha tenido lugar en España, con muchos ayuntamientos y comunidades autónomas pasando a ser gobernados por el Partido Popular, el cual se ha manifestado en contra de la nueva Ley de vivienda, parece dejar sin efecto la aplicación territorial de la Ley, según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Para él, todo el desarrollo de la Ley, incluida la aplicación de las zonas tensionadas y la limitación de las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España. En aquellas regiones donde se pueda aplicar, se espera que esto provoque un desplazamiento de la inversión de promotores e inversores hacia aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando así una España con dos velocidades.
Además, el adelanto de las elecciones podría llevar incluso a la derogación completa de la Ley de Vivienda. El PP ha solicitado específicamente la derogación de esta ley y esta misma semana presentará una proposición no de ley con ese objetivo, además de proponer la implementación de un plan “antiokupación” que permita los desalojos en un plazo de 24 horas. Según el PP, la ley incluye medidas intervencionistas y contrarias a la libertad individual, y se espera que contraiga la oferta del mercado de viviendas.
Sin embargo, es importante distinguir entre la no aplicación de las medidas que dependían de la iniciativa autonómica y la derogación total de la Ley. Surgirán interrogantes sobre la gestión de los desahucios si la ley cambia y sobre la actualización de los contratos de arrendamiento. Recordemos que hasta el 31 de diciembre de 2023, el aumento de los alquileres está limitado al 2%, aumentando al 3% en 2024, y a partir de 2025 habrá un nuevo índice. Será necesario estar atentos a los programas electorales de los partidos políticos en los próximos dos meses para obtener más claridad al respecto.
En resumen, la aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado y el control de los alquileres se ve amenazada por los resultados electorales, con el PP anunciando su negativa a aplicar
estas medidas en las comunidades autónomas donde gobierna. Tras las elecciones, se espera que varias regiones gobernadas por el PP se unan a esta postura, lo que podría desencadenar la falta de efectividad de la Ley de Vivienda en gran parte del territorio español. Además, el anuncio del adelanto electoral de las elecciones generales podría incluso llevar a la derogación total de la ley si el PP resulta victorioso y forma gobierno.
El proceso de implementación de la Ley de Vivienda comenzó justo antes de las elecciones autonómicas y municipales. Durante la campaña electoral, los partidos políticos utilizaron este proyecto de ley, que llevaba más de un año estancado en el Congreso de los Diputados, para anunciar su posición respecto a las medidas más controvertidas, especialmente la creación de zonas de mercado tensionado y el control de los precios de alquiler.
El PP, como principal partido de la oposición, dejó claro que no aplicaría la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en las regiones donde gobernara. Antes de las elecciones, comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León, confirmaron su oposición a los topes en los alquileres. Tras las elecciones, se espera que se sumen a esta lista otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón, aunque esto dependerá de los acuerdos alcanzados con Vox. En La Rioja, el PP obtuvo una mayoría absoluta, al igual que en Madrid, mientras que en Canarias, el apoyo de los populares será crucial para permitir que Coalición Canaria gobierne en detrimento del PSOE y sus aliados, que no lograron obtener la mayoría necesaria para mantenerse en el Gobierno. Aún queda por definir si Vox o la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se abstendrán en la votación, lo cual será determinante para la formación del gobierno en Canarias. El partido nacionalista canario se opuso a la Ley de Vivienda en el Congreso, alegando invasión de competencias autonómicas, al igual que el PNV, que gobierna en el País Vasco, donde no se celebraron elecciones autonómicas en esta ocasión, al igual que en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Los socialistas apenas mantienen el control de Castilla-La Mancha y Asturias.
En el caso de Cataluña, donde gobierna ERC con el apoyo del PSC-PSOE, junto con Asturias y Castilla-La Mancha, estas serían las únicas autonomías dispuestas a aplicar la declaración de zonas de mercado tensionadas. Sin embargo, incluso en Barcelona, el futuro de estas medidas dependerá del resultado de las elecciones municipales y la formación de un nuevo gobierno que apoye o no los topes en los alquileres. Ada Colau, actual alcaldesa de la ciudad, ha perdido poder y ahora ocupa el tercer lugar en número de concejales, detrás de JuntsxCat y el PSC/PSOE. ERC, por su parte, ha perdido la mitad de sus concejales. El ganador de las elecciones, Xavier Trías, deberá buscar los apoyos necesarios para formar gobierno, aunque la tarea se presenta complicada a menos que logre un gobierno en minoría mediante acuerdos puntuales con ERC. Mientras tanto, se espera que el PSC ponga en marcha todas sus maquinarias para que Jaume Collboni sea el alcalde, formando un tripartito PSC-ECP-ERC. Sin embargo, Maragall ya ha declarado que su partido no está dispuesto a ello.
José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, ha expresado su preocupación por el cambio electoral en España y su impacto en el mercado del alquiler. Según Zurdo, la incertidumbre generada por la falta de aplicación de la ley afecta tanto a inquilinos como a propietarios, y trastoca gravemente el mercado de alquiler, reduciendo la oferta y dificultando el acceso a la vivienda.
En resumen, el cambio en el panorama político tras las elecciones autonómicas y municipales ha puesto en duda la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Vivienda, como las zonas de mercado residencial tensionado y el control de los alquileres. El PP, que ha obtenido buenos resultados en estas elecciones, ha manifestado su oposición a la ley y ha solicitado su derogación. Aunque algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, podrían estar dispuestas a aplicar estas medidas, su efectividad a nivel nacional se ve amenazada. El adelanto de las elecciones generales también podría tener un impacto significativo en el futuro de la ley. La incertidumbre persiste sobre el destino de la gestión de los desahucios y la actualización de los contratos de arrendamiento en caso de cambios legislativos.
